La Política Educativa en México desde una perspectiva regional

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  Fortalecer antes de implementar: capacidades estatales, federalismo y reforma educativa en México

 En 2013, el gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma educativa que aspiró a mejorar la calidad de la educación mediante el establecimiento de nuevas bases para regular el ingreso, la promoción y la permanencia de 1.5 millones de docentes en un sistema educativo caracterizado por prácticas como la venta ilegal de plazas y la asignación a puestos directivos

La reforma planteó que los maestros debían ser evaluados al menos una vez cada cuatro años (en promedio, 25 % de los maestros debían ser evaluados cada año) mediante un sistema implementado en gran parte por los gobiernos estatales. Las evaluaciones se convirtieron en el principal medio para decidir si un docente podía seguir siendo parte del sistema educativo. Las evaluaciones del desempeño docente, por ejemplo, tuvieron como propósito definir si un maestro o maestra podía permanecer impartiendo clases.

 La reforma también instauró evaluaciones de promoción para determinar quién podía ocupar puestos de dirección o supervisión en más de 200 000 escuelas públicas del país con el objetivo de eliminar prácticas que premiaban la lealtad sindical y que facilitaban el control del magisterio por parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) ―uno de los sindicatos más poderosos del mundo.

A pesar de los obstáculos y el revés que la reforma educativa sufrió en 2018, el análisis de esta experiencia muestra que las capacidades que los gobiernos estatales desplegaron fueron cruciales para alcanzar un mayor número de maestros evaluados.



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